El reciente apagón de más de 16 horas en Ushuaia, que dejó a la capital de Tierra del Fuego paralizada el pasado viernes, no es un incidente aislado, sino el resultado de más de dos décadas de mala administración y negligencia al frente de la Dirección Provincial de Energía (DPE).
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a falta de criterios claros de inversión y la ausencia de un proyecto institucional serio han sumido a la ciudad en una crisis energética que amenaza su futuro.
Al menos, durante los últimos 20 años, las sucesivas administraciones que han pasado por la DPE no han implementado políticas efectivas para garantizar un servicio esencial como la energía. Esta desatención se refleja en los continuos problemas de suministro y en los repetidos informes negativos del Tribunal de Cuentas sobre el organismo. Estos informes, emitidos durante al menos una década, no han generado ninguna reacción política ni institucional significativa.
Es fundamental recordar que la ley provincial 1100, sancionada en 2016, declaró la emergencia energética y creó una Comisión de Seguimiento Legislativo destinada a garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias. Sin embargo, esta comisión ha sido profundamente ineficaz, exponiendo la liviandad de los mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, este medio publicó en 2006 que la Dirección Provincial de Energía había definido que debía comprarse una nueva turbina generadora de gran capacidad para Ushuaia ante el incremento del consumo de energía, y que el presupuesto se había previsto para el ejercicio 2007. Pese al paso del tiempo, solo se compraron turbinas complementarias menores y los services a los equipos fueron siempre discontinuados.
Podría determinarse que el problema estructural comienza en las gestiones de los ex gobernadores Colazo y Cóccaro, que se extiende en las gobernaciones de Fabiana Ríos, Rosana Bertone y Gustavo Melella en un claro ejemplo de las decisiones equivocadas o tardías que han contribuido a esta crisis. En el caso de Ríos y Bertone vale mencionar que ambas realizaron inversiones en turbinas para la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, mientras el parque generador de Ushuaia continuaba obsoleto, al que solo se le compraron equipos usados o restaurados.
Fundamental destacar que la principal turbina Rolls Royce, que fue adquirida durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, viene saliendo fuera de servicio desde hace 20 años debido a una gestión y mantenimiento deficientes. En su lugar, se añadieron equipos complementarios de la marca Sullair, adquiridos tras el final del leasing por Bertone en 2017, lo cual no resolvió el problema de fondo. A modo de ejemplo, tal es la liviandad con que se ha administrado la generación de energía en Tierra del Fuego que en octubre de 2016 una nueva turbina para la ciudad de Río Grande fue denominada «Rosana Andrea», en una suerte de homenaje a la ex gobernadora, entonces al frente del Ejecutivo provincial.
La solución definitiva para la crisis energética de Ushuaia pasa por la reparación integral de la turbina Rolls Royce y la incorporación de una segunda turbina de gran generación o una segunda central de generación.
Sin embargo, en vez de abordar esta cuestión primordial, las decisiones han sido insuficientes, tardías y mal dirigidas.
Otro factor a tener en cuenta, es la designación de la presidencia de la DPE a personas sin la idoneidad necesaria, algo que se repite en la actual gestión del gobernador Melella. Estas decisiones han sido frecuentemente basadas en intereses políticos y sindicales, lo que ha agravado aún más la crisis. A las claras, se observa que designar frente a la presidencia a individuos ajenos a la gestión energética y con evidentes problemas de administración y planificación del servicio ha resultado en la falta de inversiones cruciales y en un mantenimiento indebido de los equipos, contribuyendo al colapso actual.
Se suma a la problemática, que sigue sin operativizarse por decisión del gobierno nacional la nueva construcción de una central termoeléctrica para Ushuaia, a pesar del crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este proyecto esencial permanece estancado, sin que hasta ahora se haya visto algún avance concreto para su materialización.
El gobernador Melella, tiene frente a sí la responsabilidad de buscar una solución sostenible y a largo plazo para un problema que actualmente le compete, ya que transcurre su segunda gestión y debe tomar decisiones fuertes en este sentido. También queda en evidencia que el modelo de organización de una dirección provincial autárquica y descentralizada, con muy bajos niveles de auditoría y gestión, ha sido una herramienta inadecuada e incapaz de sortear la histórica crisis energética que sufre la ciudad. Este tipo de organismo suele dejarse en manos o bien de amigos o de adeptos al partido gobernante de turno, o con tal de no tener problemas gremiales, en cabeza de referentes de organizaciones sindicales, provocando en el mediano y largo plazo los problemas que actualmente se padecen.
Los ciudadanos de Ushuaia no pueden seguir soportando cortes prolongados que paralizan su vida diaria y económica. La DPE o la figura que la reemplace necesita un liderazgo capacitado y recursos adecuados para revitalizar una infraestructura energética colapsada.
Es imperativo que se realicen inversiones concretas y que se establezcan claras estrategias de mantenimiento que correspondan al crecimiento de la ciudad. Solo así se podrá revertir la desinversión y negligencia que han caracterizado la gestión de la energía en Tierra del Fuego.
Por esto mismo, debiera entenderse que la energía es fundamental para la calidad de vida de sus habitantes y para el desarrollo turístico, comercial e industrial de Ushuaia.
En esta línea, es crucial desarrollar una estrategia donde se involucren y comprometan activamente a los grandes consumidores de energía, como la industria, el turismo, y los desarrolladores urbanos. Estos actores deben formar parte integral de la planificación, inversión y ejecución de las mejoras necesarias para garantizar un suministro energético estable y sostenible.
Llegado el punto de crisis actual, el gobierno debe encaminar una solución sostenible para esta crisis. El ánimo social y el descalabro provocado por cortes extendidos alteran cualquier modelo de desarrollo. La falta de energía no solo golpea las posibilidades de desarrollo turístico, comercial o industrial de Ushuaia, sino que también afecta profundamente a los vecinos, poniendo al desnudo la dejadez política sobre este tema.
Para solucionar esta problemática que lleva décadas sin resolverse, es crucial que se asuma que debe designarse al frente del organismo a personal con capacidad de gestión y que se proporcione el financiamiento adecuado. A su vez, que los sistemas de control funcionen con seriedad y responsabilidad, ya que la falta de energía golpea cualquier posibilidad de desarrollo para Ushuaia y revela la urgencia de un cambio estructural en la DPE.
Así, instamos a una acción coordinada entre el gobierno provincial y la legislatura para garantizar un futuro energético confiable y sustentable para Ushuaia. El tiempo de las excusas ha terminado; es hora de actuar y enfrentar con decisión y capacidad esta crisis energética, transformando la desidia en un compromiso real para el progreso y bienestar de todos los habitantes de Tierra del Fuego.