Por tercera vez presentó el proyecto de ley para “difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados”, el cual fue presentado en el 2020 y fue insistido en el 2022, sin lograr tratamiento legislativo.
U
na vez más el Tribunal de Cuentas de la Provincia solicita a la Legislatura el tratamiento del proyecto de ley de Transparencia Activa del sector público provincia; el cual fue presentado en el año 2020, fue insistida en el 2022 y, luego de no haber sido tratado; se reitera mediante Nota 1179/24, que tuvo ingreso en la cámara legislativa, el pasado 3 de julio.
Desde el organismo de control, indican que con este “proyecto de Ley se avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentra a todo el sector público provincial definido en el artículo 8º y 9º de la Ley Provincial Nº 495 de Administración Financiera, incluyéndose a los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, así como otros órganos constitucionales y estatutarios”.
El Tribunal de Cuentas puntualiza que “en materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento”.
Más adelante subraya que “en materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que se procese con mayor frecuencia”.
Respecto a la publicidad activa, establece “una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación, que habrán de difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística”.
Asimismo, se consagra de forma amplia “el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud”.
Además, el proyecto “consagra que el órgano de control será el Tribunal de Cuentas, ello en el marco de quien en definitiva informa al Poder Legislativo sobre el estado de la cuenta de inversión que permite a la Legislatura realizar el análisis correspondiente para definir el presupuesto del ejercicio posterior, para ello se faculta al Tribunal de Cuentas que ante el incumplimiento de publicidad activa podrá aplicar multas a los agentes o funcionarios responsables de las mismas”.
“En pocas palabras, en el proyecto que sigue se determina qué, cómo, quiénes y cuándo deben publicar los datos de la utilización de los recursos provinciales, y que ese deber de informar debe ser cumplido del modo más completo, ordenado, oportuno y preciso posible”; puntualiza el Tribunal de Cuentas.