El juicio por la expropiación de la empresa YPF suma un nuevo capítulo. A partir de una reciente decisión, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, que estaba vinculada a un fallo por 16.099 millones de dólares a favor de los fondos buitres.
A través de esta medida se frena la orden que había dado la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien había impuesto un ultimátum de 72 horas para que el país transfiriera las acciones o enfrentara un posible desacato judicial. En principio la suspensión permanecerá hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, que deberá ser convocada especialmente en este caso, indicaron fuentes vinculadas.
A fin de avanzar con el proceso, el tribunal estableció un calendario: el jueves 17 los demandantes deberán presentar su oposición a la suspensión, mientras que Argentina responderá el martes 22, día en que también se presentarán los alegatos sobre el pedido de suspensión. La Procuración del Tesoro celebró la medida y destacó que «ya no corren las 72 horas, no hay más riesgo de desacato«, calificando la decisión como un «gran revés en la justicia«.
La Cámara de Apelaciones señaló que, aunque los fondos Burford y Eton rechazan que se suspenda el fallo en espera de la apelación, «no se oponen a que se dicte una suspensión administrativa provisional para permitir la celebración ordenada de sesiones informativas y el examen de la moción de suspensión«.
Cómo empezó el reclamo, qué resolvió Preska y por qué Argentina busca frenarlo
La demanda por la expropiación de YPF comenzó en abril de 2015, tres años después de que el gobierno de Cristina Kirchner, retomara el control de la petrolera. Aunque el caso involucra la estatización de las acciones que pertenecían a Repsol, el reclamo fue impulsado por otros accionistas. Por eso, quien lidera el juicio no es la empresa española, sino el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen tras su quiebra en la Justicia de Madrid.
Al avanzar con la estatización, el Estado argentino violó el estatuto de la compañía, que regula la compra de acciones. La norma indica que quien compre más del 15% debe ofrecer la misma oportunidad a todos los accionistas, pero la negociación se hizo solo con Repsol y otros tenedores quedaron fuera.
Poco después, Preska aceptó el cálculo de intereses presentado por los peritos de Burford y ordenó fijar un monto de indemnización. A partir de esa decisión, el Estado argentino quedó obligado a pagar una suma millonaria. La cifra total ascendió a US$ 16.100 millones, donde US$ 14.400 millones corresponden al Grupo Petersen y US$ 1.700 millones a Eton Park, otro fondo involucrado en el juicio.
Esa resolución fue apelada por ambas partes: los abogados que representan a Argentina pidieron que se revise el criterio con que se calculó la cifra, mientras que los demandantes solicitaron que también se condene a YPF como empresa, y no solo al Estado nacional. Ahora, la decisión depende de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que todavía no estableció plazos para resolver.
Según Bernardo Saravia Frías, extitular de la Procuración del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, “el fallo de Preska está apelado en una cámara y debe decidirse. Hay una gran posibilidad técnicamente hablando de que el monto de la sentencia se reduzca gravemente, porque la jueza tomó en consideración para calcular ese monto el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento y no el tipo de cambio aplicable en el dictado de la sentencia”.
Al mismo tiempo se expresó el abogado Sebastián Soler, argentino matriculado en el circuito de Nueva York. “El estatuto de YPF contempla que la oferta de compra a los accionistas minoritarios se haga en pesos y la ley de Nueva York establece que la conversión a dólares de una obligación en moneda extranjera debe calcularse a la fecha de la sentencia (2023) y no, como dispuso Preska, en la fecha del incumplimiento (2012). Por sí solo, ese planteo bastaría para reducir de miles a cientos de millones el monto en dólares de la indemnización si la Cámara lo acepta”, sostuvo.
La sentencia de Preska sigue en marcha pese a recursos legales
La sentencia, aunque apelada, puede ejecutarse en el sistema judicial de Estados Unidos sin una resolución definitiva. A fines de junio, la jueza Loretta Preska ordenó que Argentina entregue el 51 % de las acciones Clase D de YPF a los demandantes, otorgándole un plazo de 14 días para transferirlas al Bank of New York Mellon, que luego las enviará al fondo Burford.
Aclaró Bernardo Saravia Frías, extitular de la Procuración del Tesoro, “en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, una sentencia de primera instancia es ejecutable aunque esté apelada«. Dicha entrega de acciones genera un conflicto legal importante. Según el abogado Sebastián Soler, el Poder Ejecutivo no podría cumplir con la orden sin violar la legislación argentina: “La ley de expropiación de YPF prohíbe transferir acciones sin la aprobación del Congreso«.
Ante esta situación, los abogados del Estado presentaron un escrito para pedir que se suspenda la ejecución de la sentencia, argumentando que Argentina sufriría “daños irreparables” si avanza la transferencia y que la orden obliga al país a incumplir su propia ley. Preska rechazó ese pedido y, en respuesta, la defensa argentina apeló ante la Cámara de Apelaciones, que ahora debe decidir si detiene o no la ejecución del fallo.
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