Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han solicitado a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) que acelere una revisión de seguridad nacional sobre fabricantes chinos de drones, como Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies Company Limited (DJI Technologies), en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para 2025.
En una carta dirigida al ODNI, los representantes Elise Stefanik (Republicana-Nueva York), Rick Crawford (Republicano-Arkansas) y John Moolenaar (Republicano-Michigan) instaron a una revisión urgente, dada la rápida evolución de la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS).
Argumentaron que una evaluación oportuna de DJI y Autel Robotics, así como de sus subsidiarias y afiliadas, es esencial antes de que entre en vigor una orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente Donald Trump. Dicha orden prioriza la integración acelerada de drones en el espacio aéreo nacional de Estados Unidos.
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Los legisladores destacaron la importancia de la Sección 1709 de la NDAA, que ordena a las agencias de seguridad nacional evaluar si los sistemas de comunicación o vigilancia de video de estas compañías chinas representan riesgos inaceptables para la seguridad nacional o la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Debido a la fuerte presencia en el mercado estadounidense de DJI y Autel, los congresistas solicitaron que la revisión sea exhaustiva y se concluya en un plazo de 30 días.
En caso de identificarse riesgos, instaron a notificar de inmediato a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que las compañías sean incluidas en la »Covered List», una lista de entidades sujetas a restricciones regulatorias.
En respuesta, DJI expresó su disposición a someterse a una auditoría transparente, justa y completa, reiterando que ha comunicado oficialmente sus protocolos de privacidad y medidas de seguridad a las agencias pertinentes.
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La compañía afirmó tener plena confianza en sus productos, respaldada por auditorías previas realizadas por firmas independientes como Booz Allen Hamilton, FTI Consulting y Kivu Consulting, así como por agencias del gobierno estadounidense como el Departamento del Interior y el Laboratorio Nacional de Idaho.
DJI añadió que revisiones de seguridad anteriores han durado entre seis meses y un año, por lo que instó a iniciar la auditoría cuanto antes para garantizar una evaluación completa. DJI es actualmente el mayor fabricante de drones del mundo, con más de la mitad de las ventas de drones comerciales en Estados Unidos.
Sin embargo, DJI enfrenta desafíos legales y regulatorios. En octubre, la compañía demandó al Departamento de Defensa de Estados Unidos por incluirla en una lista que la designa como »compañía militar china».
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En su demanda ante un tribunal federal en Washington, DJI negó estar controlada por el ejército chino y alegó que dicha clasificación le ha causado daños reputacionales y pérdidas comerciales, incluyendo la cancelación de contratos existentes y la imposibilidad de firmar nuevos acuerdos con agencias federales.
A pesar de las negativas de DJI, legisladores estadounidenses han expresado de forma reiterada su preocupación de que los drones de la empresa puedan representar riesgos de seguridad, específicamente en la transmisión de datos y en vigilancia no autorizada, algo que la compañía sigue rechazando tajantemente. La revisión solicitada busca aclarar si estos riesgos justifican medidas regulatorias más estrictas.