En un nuevo movimiento típico de cualquier montaña rusa, el Gobierno siente durante este fin de semana extra largo que atraviesa uno de los momentos más altos en su ánimo desde que arrancó la gestión.
No le faltan razones. En apenas 24 horas logró consagrar con holgura la media sanción de dos leyes claves –la reforma laboral y el cambio del sistema penal juvenil con la baja de la edad de imputabilidad– que afectan sistemas que parecían intocables en las últimas décadas.
Dentro de ese clima de entusiasmo, en el que está incluido el propio Javier Milei, en el mundo oficialista se da por descontado que ambas normas serán aprobadas por las cámaras revisoras. Y sin cambios. Todo antes de que en dos semanas el Presidente abra las sesiones ordinarias.
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Para ello, la mesa política que lidera la hermanísima Karina se mantiene en guardia para tratar de evitar alguna travesura legislativa opositora o dialoguista. Traducción: que impidan modificaciones que obliguen a un nuevo debate en las cámaras originales y estiren los plazos.
Hay ya una alerta al respecto. El bloque PRO en Diputados salió a criticar que en la reforma laboral convalidada en el Senado se excluyera a las billeteras virtuales de la posibilidad de acreditar sueldos.
En esa pelea de fondo chocan dos trenes. Fintech vs. bancos. El Gobierno decidió atender la presión bancaria. Fuentes oficiales admiten que fue decisiva la opinión del equipo económico liderado por el ministro Luis “Toto” Caputo.
El argumento del Palacio de Hacienda es que la política de estabilidad financiera requiere el respaldo de las entidades bancarias, muchas de ellas hasta involucradas en los salvatajes al BCRA o al Tesoro. Igual, el lobby digital se mantiene, a la espera de dar la sorpresa. Coincidencia de amarillos.
Esa concesión no fue la única que debió aceptar la administración libertaria para parir la reforma. Hubo para casi todos. A los gobernadores les sacó la rebaja del impuesto a las ganancias de las empresas que iban a afectar lo que reciben de coparticipación. A las cámaras empresariales les mantuvo la asignación que reciben. Y los gremios consiguieron que se sostengan la carga patronal a las obras sociales y el aporte solidario.
A estos renunciamientos, entre otros, llegó el Gobierno para asegurarse que la reforma saliera. No solo se negoció puertas afuera, sino que también hubo dificultades –serias– hacia adentro.
Según cuentan voceros al tanto de las discusiones, tras el trabajo “sucio” de la senadora Patricia Bullrich y del ministro del Interior, Diego Santilli, para acercar posiciones, fueron los primos Menem (Eduardo y Martín) quienes impulsaron a la hermanísima Karina a que convenciera al Presidente de la imperiosa necesidad de flexibilizarse.
Semejante pragmatismo ya se ha ejercitado en varias ocasiones durante la gestión violeta y contradice el relato oficial, en apariencia dogmático y principista con una supuesta pureza libertaria. Cierto es que nunca antes fue tan crudo y expuesto. Tanto que dejó en falsa escuadra a algunos funcionarios que se oponían a esas dobleces, como el ministro desregulador Federico Sturzenegger. Cuando se necesita, la rosca manda. Aunque nos quieran hacer creer otra cosa.
En esa lógica, el peronismo vuelve a resultar funcional a los deseos mileístas. Sin un proyecto alternativo al oficial, la balcanización peronista permitió que un sector de la CGT (el constructor Gerardo Martínez, el estatal Andrés Rodríguez y el vidriero Cristian Jerónimo, cotitular de la central obrera) acordara cambios con el Gobierno. Otros marcharon en protesta casi simbólica y se alejaron rápidamente de los lamentables incidentes frente al Congreso. Gran contribución al respecto de los de siempre: violentos e infiltrados. ¿Continuará?
En Diputados también hubo división opositora, más allá de los legisladores cuyos gobernadores peronistas están fuera del control del PJ, que sigue presidido por la condenada y apresada Cristina Fernández de Kirchner. Por caso, el Frente Renovador de Sergio Massa votó a favor de bajar la edad de imputabilidad, al igual que libertarios y aliados. Y un grupo aún mayor del peronismo se desmarcó para respaldar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Los bríos violetas se trasladan a una mayor aceleración. Fuentes oficiales dejaron trascender que volverán a la carga para reformular el financiamiento universitario, uno de los ejes de su “batalla cultural” y que le ocasionó el primer traspié en la calle con las multitudinarias marchas de 2024.
El Gobierno apeló una medida judicial que le imponía el cumplimiento de la ley que consagró el Congreso el año pasado, invalidando un veto presidencial. Y en el Presupuesto 2026 se aprobaron más recortes para las universidades. Esa disputa está lejos de resolverse y es una obsesión para Milei.
También se divulgaron las intenciones oficiales de apurar la nueva ley de glaciares, para incentivar aún más la actividades mineras, así como una amplia reforma electoral.
Menos expuesta vuelve a aparecer otra intención también ya frustrada: la ocupación de las dos vacantes de la Corte Suprema y la designación al frente de la Procuración General, la jefatura de las fiscalías.
Interlocutores que dicen hablar en nombre de la hermanísima Karina, ya no del asesor Santiago Caputo, tantearon luego del triunfo electoral de octubre algún tipo de entendimiento con el kirchnerismo, necesario para conseguir los dos tercios en el Senado que requieren esos nombramientos.
En las últimas horas, acaso producto del desborde por los éxitos legislativos de esta semana, hay quienes en el oficialismo creen que esa mayoría especial se podría alcanzar sin los K. Incluso se guardan bajo siete llaves algunos nombres “aceptables”, aseguran. ¿Ficción o realidad?
Convendría de todas maneras que el Gobierno fuera más cuidadoso con su enjundia y esté abierto a atender ciertas señales de alarma, tal como lo hacen algunos funcionarios en privado. No son muchos.
Los anuncios de inversiones demoran en concretarse. Las privatizaciones van a pasos más lentos que los imaginados. El trabajo registrado en relación de dependencia cae y se multiplica el pluriempleo. El Indec registró otra caída en el poder adquisitivo de los salarios en el período 2025 y marcó a enero como el octavo mes consecutivo de pendiente inflacionaria hacia el alza. Datos.
En ese marco, la Casa Rosada siguió con atención la rebelión de la policía de Santa Fe, que volvió a sus tareas tras conseguir un aumento de un 40% en sus ingresos. Pocas cosas le preocupan más al mileísmo que la conflictividad social alcance a las fuerzas de seguridad. Barrunta que ese tipo de episodios pueden repetirse en otras provincias. ¿Y a nivel nacional?
Bajo la efervescencia política se depositan realidades muy complejas.
Hasta con riesgos de explosión.