El Senado rechazó este jueves cinco decretos que Javier Milei sacó con las facultades delegadas y que introducían reformas estructurales en organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA. Además, uno de esos decretos buscaba limitar el derecho a huelga y algunos de sus artículos habían sido judicializados.
Los cinco decretos son los 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Fueron publicados con las facultades que el Congreso delegó por un año al Poder Ejecutivo con la aprobación de la Ley Bases. Su vigencia terminó el 8 de julio.
Además de la reforma del INTI y del INTA, también se refieren a cambios en Vialidad Nacional, en la Marina Mercante y el derecho a huelga, la transformación del Banco de Datos Genéticos y la reorganización de organismos de Cultura.
El tratamiento de esos decretos había sido impulsado por el kirchnerismo y la oposición amplia, que lograron convocar de forma veloz a la sesión de este jueves. A esa labor el Senado dedicó la primera parte del debate de hoy. Y luego pasó a la votación decreto por decreto.
Decreto 462/25: reforma del INTA y del INTI
Este decreto disuelve y transforma agencias y organismos dentro del ámbito del Ministerio de Economía. Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Sus funciones se resignaron a otros ámbitos de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca..
En tanto, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se convirtieron en unidades organizativas dependientes de la Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. Mantienen sus nombres, aunque se modificaron sus funciones: el INV se enfocará en el control técnico final de la cadena vitivinícola, haciendo opcionales los controles de origen, añada y varietal y el INTI buscará unificar las políticas de desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica.
Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) queda como un organismo desconcentrado dependiente de la Agricultura. Su dirección cambia de un Consejo Directivo a un Presidente con rango de Secretario de Estado, asistido por un Consejo Técnico honorario.
También el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se transforma en un organismo desconcentrado, aunque de la Secretaría de Industria y Comercio. Mantiene funciones de registro y vigilancia de derechos de propiedad industrial, pero elimina competencias que el Gobierno estima innecesarias o incompatibles.
Decreto 345/25: reforma de organismos históricos y de cultura
Dispuso la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ambos institutos, creados por leyes y decretos previos, se integraron para formar una única unidad organizativa.
Su objetivo es la investigación, estudio, promoción y difusión de personalidades históricas destacadas y próceres nacionales. La dependencia de esta unidad organizativa recae en la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
El decreto también incluye la transformación de otros organismos y la derogación de artículos de leyes relacionadas, lo que sugiere una reorganización más amplia en el ámbito cultural y administrativo. Entre ellos está el Instituto Nacional del Teatro (pasa a estar dentro de Cultura, de Presidencia) y el Instituto Nacional Sanmartiniano.
Decreto 351/25: transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos
Dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a un organismo desconcentrado.
Ahora depende directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Funciona con un Director General Técnico y un Subdirector Técnico, ambos profesionales en Bioquímica o Biología Molecular con experiencia en Genética Forense. Estos serán designados por el Poder Ejecutivo, con período de cuatro años y posible reelección. Queda eliminada la figura del Subdirector Administrativo de la dirección.
Decreto 340/25: régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional
Establece un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante Nacional. Argumentaron que buscaban impulsar su competitividad y desarrollo. La reforma más destacada es la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, con cambios en los permisos que deben solicitar los armadores de buques, con la modificación de la Ley de la Navegación N° 20.094 y con flexibilizaciones para el servicio de cabotaje por parte de barcos de bandera extranjera.
Allí también se declaraba como servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial, de personas, mercaderías, carga, servicios conexos y operaciones costa afuera. En caso de conflictos colectivos que afecten estos servicios esenciales, se garantizaba una cobertura mínima del 75% de la prestación normal del servicio. La Justicia había declarado como inválidos los artículos 2 y 3 de ese decreto.
También se derogaba la obligación para los organismos del Estado y privados de construir o contratar con astilleros en el país, y se eliminaba la Comisión Asesora de la Industria Naval, buscando desburocratizar el sector y alinear la industria naval argentina con estándares de competitividad global.
Decreto 461/2025: disolución de Vialidad
Con este decreto, el Gobierno dispuso disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En él también se había decidido disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y planteado que la Comisión Naciona de Regulación del Transporte pasara a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
AGE