Se sabe a través de WikiLiks que el juez Sergio Moro -impulsor del Lava Jato que derrocó a Dilma Rousseff y apresó a Lula Da Silva antes de las elecciones- fue un excelente alumno de los Estados Unidos durante sus entrenamientos estratégicos en lawfare. Guerra jurídica es una traducción; la continuación de la invasión por otros medios, podría decirse.
De aquellos “seminarios” y “talleres” dictados por instituciones del Ejecutivo yanqui, participaron además otros jueces, fiscales y policías. También de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay; según el mismo informe. Pero no hace falta ver documentos secretos del Departamento de Estado de EE. UU. para entender la trama; los poderosos hacen política a cielo abierto. Ya en el año 2002, el Fondo Monetario Internacional presionaba en Argentina para que el Senado apruebe la inhabilitación perpetua, que resbaló en la corrupción de todos los gobiernos, hasta caer hoy como proscripción vitalicia sobre Cristina Kirchner. A una semana de candidatearse para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Por información pública, sabemos que el fiscal Diego Luciani, actor principal en la causa Vialidad, se formó también en la estrategia del lawfare . En su CV destaca el “Seminario de técnicas de investigación financiera y lavado de dinero», al que fue invitado en dos ocasiones por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. También un «Taller Práctico en materia de lucha contra el financiamiento al Terrorismo», dictado en Los Ángeles, por la OEA.
Durante las últimas décadas, el Gendarme norteamericano dio herramientas para la persecución judicial a figuras políticas, además de formación en armado de causas y persecución a la lucha social. Todo un compendio de avanzada contra las soberanías y las libertades democráticas de los pueblos latinoamericanos, avalada desde los poderes de sus propios Estados. Con leyes votadas por el Poder Legislativo, incluso por las propias fuerzas políticas que terminaron víctimas del lawfare. En Argentina están los articulados “antiterroristas”, la Ley de arrepentido o la Delación premiada en Brasil, entre otras.
Los tiempos siempre «misteriosos» de la Corte Suprema de Justicia – que procrastina durante años la condena a genocidas que mueren impunes- en pocos meses confirman la pena a CFK. El apuro se hizo sentir desde EE. UU. en marzo, cuando el jefe del Departamento de Estado yanqui le prohibió la entrada a ese país, sin haber finalizado el proceso. ¿Cómo sabían que iba a terminar condenada? Buenos informantes, quizás. En mayo cayó la Ley de Ficha Limpia, también por legisladores afines a Milei; así que le tocó actuar a la Casta Judicial.
Hoy nos encontramos con que un puñado de jueces y fiscales, con cargos vitalicios, sueldos millonarios, que no fueron elegidos por voto popular; deciden sobre el conjunto del pueblo, sobre lo único que al pueblo le está permitido decidir en las Repúblicas capitalistas: candidatos y candidatas. Ya que, como versa la Constitución, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Así suprimen a CFK, en base a una causa llena de irregularidades.
Si el FMI «colonizó» el Ministerio de Economía en los últimos tres gobiernos, con el vergonzoso aval de diputados y senadores que legalizaron la estafa y el programa de saqueo; otra forma de «enclave colonial» se cristaliza hoy en el Poder Judicial. La causa que termina con la proscripción pasó por todas las instancias hasta la CSJ. El mismo Tribunal que en 2019, rechazó un pedido de nulidad sobre la estafa acordada con el FMI, presentado por Fábricas Recuperadas.
La proscripción es un salto el uso autoritario del Poder Judicial. Y un jackeo de EE. UU. a la soberanía del pueblo. La Izquierda está decidida a enfrentarlo, con total independencia política. Por eso impulsa la autoorganización desde abajo; en cada barrio, lugar de trabajo y estudio convoca unir la movilización contra el ajutes de Milei y el FMI, con la defensa de los derechos democráticos.
El FIT repudia la proscripción a CFK: “Es un hecho grave, hay que estar en la calle hasta derrotarla”
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Por su parte, la CGT quiere seguir haciendo la plancha y no cuestiona al Poder Judicial. La vocación de las centrales sindicales peronistas de dividir a los trabajadores y trabajadoras, opera también cuando la proscripción cae sobre la presidenta del PJ. Mientras sectores kirchneristas como el SMATA hicieron un corte en la Autopista Panamericana; los gordos llaman a su clásica «libertad de acción». ¡Qué llamen a paro y movilización! A la vez, la interna peronista no descansa: la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti culpó al gobernador Axel Kicillof por dejar sola a Cristina al desdoblar elecciones bonaerenses.
Por otro lado, algunos centros de estudiantes, donde también tiene peso la Izquierda, lograron impulsar la unidad en asambleas, hubo tomas de facultad y cortes de calle. Y el miércoles, confluyeron con los jubilados y jubiladas, con la lucha del Hospital Garrahan y otros sectores, que hace tiempo vienen cosechando su unidad en la lucha.
El pico del águila imperial se clava un poco más en la democracia capitalista argentina, mientras todos los poderes del Estado atraviesan una crisis de legitimidad, al calor de la crisis social que encuentra cada día más resistencia; con el FMI que apuntala la decandencia nacional. Es vital el desarrollo y la construcción creativa de una democracia autoorganizada desde abajo, que avance en coordinar una lucha colectiva, con la fuerza de los fuertes: el pueblo trabajador, artistas, científicos, mujeres y diversidades, la juventud, los inquebrantables jubilados y jubiladas. Representarnos a nosotros mismos, pelear hombro con hombro.
La crisis de representatividad orada todas las instituciones del régimen; incluído el Poder Judicial. En algunas encuestas, los mismos que opinan que Cristina es culpable, también opinan que la Justicia no es imparcial. Las causas de corrupción del expresidente Mauricio Macri se esfumaron en el aire. La flagrante estafa $LIBRA del presidente Javier Milei ni se trató. Es cierto que el kirchnerismo también supo tener jueces de su lado. Aunque en los últimos años, el macrismo cosechó las amistades más importantes; incluidos los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el fiscal Luciani, que habían sido nombrados por CFK y fueron quienes la condenaron. El contraste evidencia que, aunque la corrupción existe y es inherente a todos los gobierno capitalistas, la Justicia o es inexplicablemente aleatoria o directamente la mueven otros intereses.
Los jueces de la Corte Suprema (CSJ), Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, nombrados por Macri, son los mismos que quisieron reducir la condena a los genocidas con el «2×1» y una enorme movilización social se los impidió en 2017.
Y son muchos sus vasos comunicantes de los magistrados con el poder norteamericano. Rosenkrantz -amigo íntimo del perseguidor político del macrismo, Pepin Rodríguez Simón- supo defender a la multinacional Mc Donald’s desde su buffet de abogados. Lorenzetti tiene una relación fluída con la Organización Estados Americanos, con sede en los EE. UU. Y Rosatti, directamente dio un discurso político contra la «emisión monetaria» en la cámara de comercio norteamericana (AmCham) en 2023.
Al mismo tiempo, la Corte intervenía las elecciones en dos provincias y el entonces presidente Alberto Fernández amagó con un juicio a la CSJ que dejó naufragar, también porque el expresidente Joe Biden le bajó el pulgar. Hace tiempo se ensaya la intervención política del Poder Judicial (contra la supuesta división de poderes de las repúblicas capitalistas) y ante un sistema político cada vez más en crisis; incapaz de defender las libertades democráticas del pueblo.
En aquella conferencia Rosatti le recordó al empresariado norteamericano que «Más allá de las diferencias de matices, un poco más de regulación un poco menos de regulación del Estado; nuestro sistema es el sistema capitalista». Un año antes, en el Coloquio empresarial IDEA, aclaró que «la Constitución no prevé la lucha de clases» (la que hoy se expresa en múltiples resistencias), y que «si alguien quiere un modelo diferente tiene que generar una revolución y ganar«.
Una crisis como la actual, para ser resuelta en favor de las mayorías, necesita de un verdadero y vital poder constituyente con formas de soberanía ejercida desde abajo. La clase de poder soberano que toda república capitalista le expropia al pueblo desde su fundación. Instituciones como el Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia no deberían ni existir, concentran un poder cuasi-monárquico, totalmente alejado de las mayorías y son facilmente cooptables por el poder económico y los intereses de potencias extranjeras.
Para terminar con los privilegios de la Casta judicial, habría que empezar por igualar los sueldos de jueces al de una maestra; lo mismo habría que hacer con todos los funcionarios políticos, como ya hace la Izquierda cuyos diputados y diputadas donan sus salarios. Para una verdadera democratización de la Justicia, deberíamos elegir a los jueces por voto popular y guardarnos el derecho a revocarlos si no cumplen. Así con cualquier funcionario o funcionaria.
Para la Izquierda, es posible un nuevo tipo de democracia. Nadie puede pre-diseñarla; pero sí puede ser construída por la fuerza creativa que desata la lucha revolucionaria del pueblo trabajador. Nuestro objetivo final es una República obrero y popular, de sobernía auto-organizada para las mayorías, que busque las vías para conquistar un socialismo desde abajo, en ruptura con el capitalismo.
Mientras tanto, impulsamos la lucha colectiva en defensa de las pocas libertades democráticas que nos deja esta democracia para ricos, atada al imperialismo yanqui. Militamos la unidad desde abajo, con independencia política de todos los partidos del régimen. Y en el camino, aportamos lo que consideramos las mejores tradiciones democráticas que supo construir el pueblo trabajador, en sus luchas, con toda burocracia e imposición vertical.