El miércoles pasado, dos días después de anunciar su candidatura a diputada bonaerense, Cristina Kirchner ordenó a uno de sus hombres de confianza que abriera su casa de la calle Mascariello 441, Barrio Jardín, Río Gallegos. Está sin habitar. Un viejo amigo de su hijo Máximo, Matías Bezi, apoderado de los negocios de la familia en Santa Cruz, no solo aireó los 892 m2 de ese chalet: su misión fue también llevar a operarios para hacer varias reparaciones al inmueble. La renovación del lugar, súbita, no estaría generada por un ordenamiento doméstico, si no más bien por un posible acontecimiento penitenciario. Kirchner cree que es inevitable que la Corte Suprema de la Nación ratifique su condena por corrupción en la causa «Vialidad».
Eso equivaldría a que deberá cumplir una pena de seis años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es un delito que conlleva la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La exvice está convencida de que su infortunio se concretará en los próximos días. Si eso pasa, no podrá ser candidata a legisladora en las elecciones legislativas. Se quedaría sin fueros.
Clarín pudo saber que ya trabaja en un pedido de prisión domiciliaria. ¿Viviría encerrada en su chalet de Río Gallegos? Es una posibilidad. La vivienda está ubicada a dos mil quinientos kilómetros de las localidades de la tercera sección electoral de Buenos Aires que Cristina afirmó que quería representar como legisladora. La casa de Mascariello sigue siendo, a pesar de todo, su dirección legal. Fuentes de su entorno dejaron trascender que dirigentes de su confianza buscan otra propiedad en Capital Federal o el Gran Buenos Aires como locación para su potencial vida de real.
El plan es que ese inmueble se transforme en una especie de «Puerta de Hierro», la casa en Madrid en la que Juan Perón recibía a su militancia que luego transmitía sus mensajes en el país. La comparación es inadecuada pero es una descripción de lo que planean los K. Perón vivía en el exilio. Cristina, cumpliría una pena de cárcel por corrupta. A la expresidenta la guía la frialdad frente a un panorama de humillación. No ocurre lo mismo con su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien se deja invadir por la rabia y promete vengarse de quienes considere responsables de lo que le pasaría a su mamá. «Son unos hijos de p… La proscriben, le tienen miedo… Se van a arrepentir», insulta él, palabras más o menos, tal como reconstruyó Clarín.
Kirchner se enteró la novedad de la Corte hacia fines de junio. Como expresidenta, exvice, senadora nacional, tiene los contactos y operadores judiciales suficientes para estar informada sobre su obsesión: su futuro judicial.
Quienes la frecuentaron en las últimas horas la describieron ante este diario, pidiendo anonimato, como una dirigente que los sorprendió por su pragmatismo y dureza en lo personal a pesar de que ella misma admite que enfrentará la cárcel: un arresto domiciliario, aunque morigerado comparado a la vida en una penitenciaría argentina, es también una detención.
«Es muy posible, es seguro que vaya presa», soltó en una reunión Cristina frente a más de una decena de testigos. Ocurrió a mitad de semana. Su dirigencia más leal había sido convocada a la casa que el senador nacional Mariano Recalde tiene en el sur de la Capital Federal.
Máximo Kirchner murmuraba comentarios de ira. Igual que la intendenta de Quilmes, la referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, otra ultra K también tomada por los sentimientos más que por la templanza ante un escenario negativo.
Los Kirchner fingen sorpresa por las noticias que recibieron desde los tribunales.
Como se dijo, la expresidenta se enteró de lo que podría pasar a fines de junio. Como es precavida, la casa para su domiciliaria está bajo búsqueda peronista desde el 2 de abril. Sic. En aquellos días todo era por precaución. Las noticias se precipitaron. Igual que su accionar.
El lunes pasado, Kirchner dio a una entrevista a C5N en la que anunció que buscaría un cargo de legisladora bonaerense por la tercera sección electoral de Buenos Aires. Oficializó un rumor que corría hace meses pero pareció también apurada a confirmar ese deseo. Todo era parte de un plan. Al anunciar su candidatura, la expresidenta podría entonces denunciar que la Corte Suprema quiere proscribirla si ratifica la condena en su contra.
El escenario montada por los K fue pensado en ese sentido. Nunca antes Cristina había adelantado una decisión electoral como lo hizo ahora. Para colmo, para un cargo menor. En esa aparición televisiva, ella misma se encargo de darle sustento a lo que será de ahora en más la narrativa de quienes quieran defenderla en el peronismo: «Me quieren muerta o presa», alertó, con tono dramático.
Mezcló así el intento fallecido de magnicidio en su contra con una causa judicial por corrupción en la que nunca se defendió en los estrados judiciales. La historia no la absolvió, tal como les gritó a los jueces del juicio oral y público en la que desaprovechó responder preguntas de la fiscalía de Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola.
La Corte Suprema le dio todavía más credibilidad a los miedos de los Kirchner cuando, un día después de la entrevista en C5N, sus integrantes rechazaron la recusación que la defensa de la expresidenta había presentado en contra de Ricardo Lorenzetti. El magistrado había dicho en una entrevista que el expediente de Vialidad debía ser tratado con premura en el tribunal.
Fue el primer alerta que tuvo Cristina de lo que podría sucederle.
Hacia el fin de semana, el dirigente Juan Grabois fue el primero en expresar que Kirchner corría riesgo de ir presa, y pidió a la militancia entrar en estado de alerta. Convocaba a la resistencia.
El propio Máximo Kirchner habló del tema. Lo hizo en una charla con un periodista.
Responsabilizó a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por la condena de cárcel que podría ser ratificada por la Corte Suprema.
Si sigue la lógica discursiva de los K, ella podría terminar de ser condenada por cometer delitos de gravedad institucional severos, según la Constitución, no por haber sido efectivamente alguien que se enriqueció gracias al Estado, si no porque es víctima de un complot compuesto, entre otros, por Mauricio Macri, las corporaciones empresarias, el fiscal Luciani, las autoridades de Clarín, y buena parte del Poder Judicial que actuó durante años en un expediente con solo fin de perjudicarla.
Tras el alegato histórico de Luciani en el juicio de Vialidad, la entonces vicepresidenta en ejercicio acusó al fiscal de ser el responsable del atentado fallido en su contra.
Kirchner visitó ayer la provincia de Corrientes, para apoyar al candidato K a la gobernación, siguiendo el plan iniciado con el anuncio de su candidatura como legisladora bonaerense.
Presentó esa postulación, encabezó un acto, la escenografía para denunciar una proscripción ya empezó.
Los militantes de La Cámpora, mientras tanto, seguirán convocando a resistir la detención de la Jefa.
En el mismo sentido debería leerse el encuentro que la expresidenta tuvo con Axel Kiciloff, a quien destrató durante meses.
Apuró la reunión para intentar acordar la tregua con el gobernador si la Corte falla en su contra.
El encuentro, como adelantó Clarín, fue muy duro.
Cristina quiere garantizarse mantener cierto poder en el PJ de Buenos Aires aun si fuera a prisión.
Clarín pudo saber que, en medio de los idas y vueltas con el Gobernador, ella lo toreó: «Acá estamos, Axel, contame qué es lo que tenés pensado hacer de acá en más». Kiciloff habría eludido la pregunta: «Tengo que consultarlo». Y ella: «Pero estamos vos y yo solos acá, contame cuál es tu objetivo y cómo tenés pensado llevarlo adelante». Se pusieron de acuerdo en formalidades.
A él también le adelantó lo que cree inevitable: «Lo que llega desde la Corte es muy negativo. Me van detener».
Más allá de las internas, Kiciloff siempre defendió a Kirchner respecto a la causa «Vialidad».
De ahora en más, los K repetirán que el juicio fue un montaje, que no existen pruebas en contra de Kirchner, y que todo fue armado para perjudicarla.
La realidad es diferente. Hay documentación que muestra como fue ella la que firmó decretos que permitieron a Lázaro Báez recibir multi millones en contratos de obra pública sin pasar por el Presupuesto votado por el Congreso; como también digitó beneficios para él que no obtuvo ningún otro empresario del rubro; como incluso el propio Máximo ayudaba a Báez a ganar licitaciones para realizar rutas en Santa Cruz que se hicieron mal, no se hicieron, o se pagaron varias veces aunque no hayan avanzado como establecen las normas.
Kirchner (cualquiera esa, tanto Cristina como Máximo), suelen opinar de causas judiciales diversas, como el caso Loan, acusan a opositores de entrometerlos en expedientes que avanzaron y avanzaron a pesar de los ardides jurídicos y acciones políticas que ellos mismos presentaron, pero ninguno de los dos, hasta ahora, defendió en público a otro condenado por la Corte por lavado de dinero, y que además también sería condenado en la causa Vialidad por ese tribunal si falla tal como lo creen en el peronismo K.
Es Lázaro Antonio Báez, socio comercial de los Kirchner, multimillonario en tiempo récord, principal operador económico de mil negocios de la familia de su amigo Néstor: está preso hace muchos años. Para él, de parte de los Kirchner, solo llego y llegará silencio.
Las víctimas de los mil complots denunciados son los Kirchner, dicen los Kirchner. Y nadie más.